El Aborto en Colombia: en Contra del Derecho a la Vida
La historia de Amilia Taylor es una historia única e irrepetible. Amilia Taylor es una bebé americana, nacida en la semana 22 de gestación. A pesar de su prematuro nacimiento, Amilia era una bebé completamente formada, y hoy en día, con 16 años de edad, Amilia Taylor es una joven sana, que vive como cualquier otra persona de su edad. Este no es un hecho menor, en tanto el pasado 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional colombiana decidió sobre la despenalización del aborto en Colombia hasta la semana 24 de embarazo, con cinco votos a favor y cuatro en contra.
En su momento, dicha decisión constitucional habría condicionado el nacimiento de bebés como Amilia Taylor, quienes, a pesar de ser seres humanos completamente formados en el vientre de sus madres, su muerte habría sido respaldada jurídicamente y aquellas mujeres a favor del aborto habrían encontrado una justificación para interrumpir su embarazo, exigiendo someterse a dicho procedimiento sin importar la razón por la cual hayan tomado esa decisión. La actual decisión de la Corte Constitucional colombiana se traduce, en que las mujeres podrán abortar hasta los seis meses de embarazo sin recibir algún tipo de castigo penal, además de las tres causales ya reconocidas en la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional colombiana: a) cuando peligra la vida o la salud de la madre, b) cuando se presenta malformación del feto incompatible con la vida, y c) cuando el embarazo es producto de abuso, violación, incesto, transferencia de óvulo o inseminación no consentida.
A través de la decisión de la Corte Constitucional, se abre el paso a la completa despenalización del aborto en el país, siendo ahora Colombia uno de los pocos países en la región donde el aborto está despenalizado en las primeras semanas de gestación, y se convierte en el primero en legalizar esta práctica hasta la semana veinticuatro. El Ministerio de Salud, ente regulador del Sistema de Seguridad Social en Salud en el país, avala la decisión tomada por la Corte Constitucional, argumentando que “la interrupción voluntaria del embarazo (término utilizado por el Ministerio; de acuerdo con el derecho internacional: aborto) es un derecho íntimamente ligado al derecho a la vida, a la salud, a la integridad, a la autodeterminación, intimidad y dignidad de las mujeres”.
Paralelamente, se defiende la validez de la decisión bajo la creencia de que el Ministerio de Salud “debe ejercer acciones para asegurar que todas las mujeres en el territorio nacional tengan un libre y efectivo ejercicio de sus “derechos sexuales” y “derechos reproductivos,” incluyendo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en las causales establecidas”, bajo el fundamento del derecho a la salud, los “derechos sexuales y reproductivos” de las mujeres, la protección de la vida en gestación, la autonomía de la persona gestante, entre otros, mientras se pide al Congreso de la República y al Gobierno Nacional la formulación e implementación de una política pública integral.
Sin embargo, desde un inicio, la concepción e identificación de derechos sexuales al hablar de la problemática del aborto resulta errada. De acuerdo con el White Paper de WYA acerca de salud reproductiva, el derecho internacional no incluye el aborto como un componente de la salud reproductiva, y no existe tratado internacional que siquiera mencione el aborto. De la misma manera, tampoco existen los derechos sexuales o derechos reproductivos. Incluso, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (ICPD por sus siglas en inglés), en el párrafo 7.24, cataloga el aborto como una práctica indeseable, limitando su inclusión en la atención y los servicios de salud reproductiva a los Estados donde ya es legal, estableciendo que “los gobiernos deben tomar las medidas adecuadas para ayudar a las mujeres a evitar el aborto…en ningún caso debe promoverse como método de planificación familiar”. En contra de lo que dicta el derecho internacional, algunas organizaciones internacionales intentan promover una comprensión incorrecta de la salud reproductiva, que termina por justificar la existencia de políticas que incluyen el aborto dentro de los programas de salud reproductiva.
De este modo, la decisión de la Corte colombiana, junto con los argumentos bajo los cuales se fundamenta, contravienen la legítima defensa del derecho a la vida y de los derechos humanos que se desprenden de la dignidad intrínseca de todo ser humano, derechos protegidos bajo el derecho internacional. La decisión resulta perjudicial para la vida de las mujeres y de los niños y niñas no nacidos, y una clara violación a la dignidad intrínseca de todas las personas; dignidad existente desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Erróneamente, el Ministerio de Salud argumenta que la decisión de permitir la interrupción voluntaria del embarazo es un “derecho ligado al derecho a la vida, la salud… la autodeterminación… y la dignidad de las mujeres”.
Es inimaginable proteger el derecho a la vida de las mujeres cuando se viola el derecho a la vida del ser humano dentro de ella. Se trata entonces, de un reconocimiento parcial y sesgado de los derechos humanos; derechos imposibles de reconocer en tanto no se reconozca el más fundamental de todos ellos: la vida. La base de una sociedad justa y libre, es el reconocimiento de todas las personas, de su dignidad intrínseca y de los derechos humanos ligados a esta. La protección de la vida es consagrada en la Carta Magna de Colombia, y esta decisión, contraviene el reconocimiento jurídico de los derechos humanos de todos los colombianos y colombianas, y de la protección de la vida en todas sus etapas.
Desde el 2006, con la entrada en vigor de la sentencia C-355, el marco jurídico colombiano relacionado con el aborto, omite el reconocimiento del derecho a la vida, y se ha enfocado en medidas insuficientes que no terminan por reconocer la dignidad intrínseca tanto de la madre como de su bebé. Sin programas de políticas públicas integrales, que se centren en el robustecimiento de la infraestructura médica del país y la inversión en tecnología encaminada a reducir la mortalidad materna, la vida de las mujeres seguirá en constante peligro, así como lo está con la despenalización del aborto. Asimismo, se requiere de intervenciones sociales efectivas, encaminadas al desarrollo de programas educativos holísticos, que, desde temprana edad, enseñen la importancia de los derechos humanos ligados a la dignidad intrínseca de todas las personas, y brinden información completa e integral a las futuras madres acerca de los riesgos, las alternativas, y los efectos secundarios de la práctica del aborto.
De igual manera, el argumento sobre la autodeterminación carece de validez, en la medida en que es responsabilidad de todos como sociedad, proteger el derecho a la vida de todas las personas, sin sesgos discriminatorios ni jerarquizaciones acerca de la vida humana, en tanto toda vida humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, merece respeto, cuidado y protección. De este modo, resulta necesario el reconocimiento holístico e integral de los derechos humanos por parte de los tomadores de decisiones, así como la educación adecuada acerca de lo que verdaderamente significa la protección de la dignidad de las mujeres, y, por ende, de toda vida creada en su interior. Solo a través del reconocimiento mutuo, la solidaridad, y la defensa de valores morales objetivos, se puede construir una sociedad verdaderamente justa e igualitaria.
Written by Alejandra Suárez, member of WYA Bogotá.
Abortion in Colombia: against the Right to Life
The story of Amilia Taylor is a unique and unrepeatable story. Amilia Taylor is an American baby, born in the 22nd week of pregnancy. Despite her premature birth, Amilia was a fully formed baby, and today, at 16 years of age, Amilia Taylor is a healthy young woman, living like anyone else her age. This is not a minor fact, as on February 21, 2022, the Colombian Constitutional Court decided on the decriminalization of abortion in Colombia until the 24th week of pregnancy, with five votes in favor and four against.
At the time, this constitutional decision would have conditioned the birth of babies like Amilia Taylor, who, despite being fully formed human beings in the womb of their mothers, their death would have been legally supported and those women in favor of abortion would have found a justification to terminate your pregnancy, demanding to undergo said procedure regardless of the reason for which they have made that decision. The current decision of the Colombian Constitutional Court means that women will be able to abort up to six months of pregnancy without receiving any type of criminal punishment, in addition to the three grounds already recognized in judgment C-355 of 2006 of the Constitutional Court Colombia: a) when the life or health of the mother is in danger, b) when there is malformation of the fetus incompatible with life, and c) when the pregnancy is the product of abuse, rape, incest, ovum transfer or non-consensual insemination.
Through the decision of the Constitutional Court, the way is opened for the complete decriminalization of abortion in the country, with Colombia now being one of the few countries in the region where abortion is decriminalized in the first weeks of gestation, and it becomes in the first to legalize this practice until the twenty-fourth week. The Ministry of Health, the regulator of the Social Security Health System in the country, endorses the decision made by the Constitutional Court, arguing that “the voluntary interruption of pregnancy (a term used by the Ministry; according to international law: abortion ) is a right intimately linked to the right to life, health, integrity, self-determination, intimacy and dignity of women”.
At the same time, the validity of the decision is defended under the belief that the Ministry of Health “must take actions to ensure that all women in the national territory have a free and effective exercise of their” sexual rights “and” reproductive rights, including the right to voluntary interruption of pregnancy in the established causes”, under the foundation of the right to health, the “sexual and reproductive rights” of women, the protection of life in gestation, the autonomy of the pregnant person, among others, while asking the Congress of the Republic and the National Government to formulate and implement a comprehensive public policy.
However, from the beginning, the conception and identification of sexual rights when talking about the problem of abortion is wrong. According to the WYA White Paper on reproductive health, international law does not include abortion as a component of reproductive health, and there is no international treaty that even mentions abortion. In the same way, there are no sexual rights or reproductive rights. Even the Program of Action of the International Conference on Population and Development (ICPD), in paragraph 7.24, classifies abortion as an undesirable practice, limiting its inclusion in reproductive health care and services. States where it is already legal, establishing that “governments must take appropriate measures to help women avoid abortion…in no case should it be promoted as a method of family planning”. Contrary to international law, some international organizations try to promote an incorrect understanding of reproductive health, which ends up justifying the existence of policies that include abortion within reproductive health programs.
In this way, the decision of the Colombian Court, together with the arguments on which it is based, contravene the legitimate defense of the right to life and of the human rights that derive from the intrinsic dignity of every human being, rights protected under international law. The decision is detrimental to the lives of women and unborn children, and a clear violation of the intrinsic dignity of all people; dignity existing from the moment of conception until natural death. The Ministry of Health erroneously argues that the decision to allow the voluntary interruption of pregnancy is a “right linked to the right to life, health… self-determination… and the dignity of women.”
It is unimaginable to protect the right to life of women when the right to life of the human being within her is violated. It is then, a partial and biased recognition of human rights; rights that are impossible to recognize as long as the most fundamental of all of them is not recognized: life. The basis of a fair and free society is the recognition of all people, their intrinsic dignity and the human rights linked to it. The protection of life is enshrined in the Magna Carta of Colombia, and this decision contravenes the legal recognition of the human rights of all Colombian men and women, and the protection of life in all its stages.
Since 2006, with the entry into force of judgment C-355, the Colombian legal framework related to abortion omits the recognition of the right to life, and has focused on insufficient measures that do not end up recognizing intrinsic dignity both of the mother and her baby. Without comprehensive public policy programs that focus on strengthening the country’s medical infrastructure and investing in technology aimed at reducing maternal mortality, the lives of women will continue to be in constant danger, just as it is with the decriminalization of abortion . Likewise, effective social interventions are required, aimed at the development of holistic educational programs that, from an early age, teach the importance of human rights linked to the intrinsic dignity of all people, and provide complete and comprehensive information to future mothers. about the risks, alternatives, and side effects of having an abortion.
Similarly, the argument about self-determination is invalid, to the extent that it is the responsibility of everyone as a society to protect the right to life of all people, without discriminatory biases or hierarchies about human life, as all Human life, from the moment of conception to natural death, deserves respect, care and protection. In this way, the holistic and comprehensive recognition of human rights by decision makers is necessary, as well as adequate education about what the protection of the dignity of women truly means, and, therefore, of all women. life created within. Only through mutual recognition, solidarity, and the defense of objective moral values can a truly just and egalitarian society be built.